La protesta ¿Un derecho constitucional sin límites?

Son muchas las voces que se han levantado recriminando la actuación del Gobierno, mientras otras lo han apoyado, pero ¿quién cumple la Ley y quién la vulnera?

En los últimos años, las manifestaciones de calle -a favor o en contra del Gobierno-, han irrumpido en la cotidianidad y normalidad de los quehaceres de los venezolanos, generando a la vez cierta costumbre de supervivencia para no sentirse afectado por lo que éstas pueden causar: cierre de arterias viales principales, colapso o paralización de servicios de transporte y, en el peor de los casos, enfrentamientos, caos y un saldo lamentable de fallecidos o heridos.

En la mayoría de los casos, en el país, las protestas convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), han dejado de ser simplemente, largas caminatas en las que los manifestantes corean consignas, llevan pancartas y manifiestan de manera pacífica su rechazo a las políticas de Gobierno como mecanismo de presión que pueden convertirse en focos de violencia.

Tanto para el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, como para los sectores opositores, las protestas se han desarrollado además, como un gran “medidor” para evidenciar el respaldo del pueblo movilizado y atento a las diferentes convocatorias que, últimamente, coinciden en fechas, horas y hasta lugares de concentración o rutas.

¿Qué dicen las Leyes?

En Venezuela, las acciones de protesta están garantizadas como un derecho en la Constitución de la República que en su artículo 68 reza: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que establezca la Ley”.

Amparados en este derecho, son innumerables las manifestaciones que se han suscitado en el país durante los últimos 18 años, para exigir la ampliación o respeto de derechos laborales, económicos, sociales y políticos; siendo las más recientes, las realizadas por los simpatizantes de la oposición venezolana con demandas de tipo político exigiendo “elecciones ya” o la destitución de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

Muchas han sido las voces que en Venezuela se han levantado criticando la actitud asumida por el Gobierno nacional, en torno a evitar que las marchas opositoras ingresen al Distrito Capital y que obstaculicen avenidas y autopistas.

Entre los críticos a las autoridades, se asegura que estas personas “están ejerciendo el derecho constitucional a la protesta y que el Gobierno está violando la Constitución”.

¿Un derecho sin límites?

“Mi libertad termina donde comienza la de los demás”. Ésta ha sido la premisa que ha servido de fundamento para el equilibrio entre derecho y obligación, erigiéndose como una base para la formación de leyes y constituciones en el mundo.

Atendiendo a esta premisa del derecho universal, la Constitución venezolana somete el derecho a la protesta a una legislación de la materia, en función de, sin menoscabar el derecho a la manifestación, garantizar también los derechos como la libertad de tránsito (artículo 50) y el respeto a la integridad física de los ciudadanos (artículo 48), así como la obligación de las autoridades de garantizar el orden interno.

Sumado a estos artículos de la Constitución, las leyes que rigen estas actuaciones, indican que para ejercer este derecho se debe cumplir con procedimientos como la petición de un permiso al alcalde para marchar en un municipio e, incluso, para poder paralizar una empresa, los trabajadores deben introducir un pliego conflictivo ante el Ministerio para el Trabajo y notificar al patrono.

Estos artículos de la Constitución y los procedimientos estipulados en las leyes municipales y de seguridad interna, han sido los argumentados esgrimidos por el Gobierno para justificar las acciones que van desde la dispersión por trancar arterias viales, hasta la prohibición de entrada a la capital por no contar con el permiso del alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez.

Zonas de seguridad

Asimismo, en el país existen zonas de seguridad delimitadas en la Ley Orgánica de Seguridad Nacional, que de ser violadas acarrearía sanciones de hasta 10 años.

Así lo establece la norma en su artículo 56: “Cualquiera que organice, sostenga o instigue a la realización de actividades dentro de las zonas de seguridad, que estén dirigidas a perturbar o afectar la organización y funcionamiento de las instalaciones militares, de los servicios públicos, industrias y empresas básicas, o la vida económico social del país, será penado con prisión de cinco (5) a diez (10) años”.

En su artículo 50 la normativa también establece que “el Ejecutivo Nacional, previa opinión del Consejo de Defensa de la Nación, por vía reglamentaria podrá declarar de utilidad pública, a los fines de la presente Ley, los espacios geográficos que comprenden las Zonas de Seguridad, fijando la extensión de los mismos, en su totalidad o por sectores, pudiendo modificarlas cuando las circunstancias lo requieran y ejercer su control, regulando la presencia y actividad de personas nacionales y extranjeras, naturales y jurídicas en dichas áreas”.

Estas áreas han sido clasificadas en dicha Ley de la siguiente forma:

  1. Una Zona de Seguridad Fronteriza.
  2. Una zona adyacente a la orilla del mar, de los lagos, de las islas y ríos navegables.
  3. Los corredores de transmisión de oleoductos, gasoductos, poliductos, acueductos y tendidos eléctricos principales.
  4. Las zonas que circundan las instalaciones militares y públicas, las industrias básicas, estratégicas y los servicios esenciales.
  5. El espacio aéreo sobre las instalaciones militares, las industrias básicas, estratégicas y los servicios esenciales.
  6. Las zonas adyacentes a las vías de comunicación aérea, terrestre y acuática de primer orden.
  7. Cualquier otra zona de Seguridad que se considere necesaria para la seguridad y defensa de la Nación.
¿Por qué Caracas no?

En Caracas se concentran las edificaciones que albergan gran parte de las instituciones del Poder Público nacional y es la sede de la jefatura del Estado, como es el Palacio Presidencial de Miraflores.

El pasado 12 de febrero de 2014, un grupo de manifestantes de la oposición llamó a una marcha que culminó en la sede de la Fiscalía General de la República, ubicada en Parque Carabobo, y luego de concentrarse, se iniciaron acciones de acoso y violencia que causaron pérdidas humanas y dejaron a su paso destrozos de bienes públicos.

Esta acción violenta, fue condenada por las autoridades de la capital y del Ejecutivo nacional, que en voz del Presidente Nicolás Maduro, enfatizó: “A Caracas no entran más”. A partir de ese momento, el gobierno de la municipalidad ha rechazado todas las peticiones de marchas opositoras en Caracas, por lo que se ha acudido al uso de cordones policiales para evitar que ingresen al Distrito Capital.

“No vamos a permitir que vengan a destrozar nuestra Caracas. Estamos obligados por la Constitución a garantizar la paz del país y garantizar que todos tengamos derecho a transitar libremente. Nadie puede creerse por encima de la Ley”, ha dicho reiteradamente el Mandatario venezolano, señalando así que como autoridad debe garantizar que el derecho de los protestantes termine, donde comienzan los derechos de quienes, apoyando o no las demandas de quienes protestan, desean acudir, a sus trabajos, escuelas, aeropuertos, terminales, hospitales, etc., sin alteraciones o peligros a su integridad física.

Por su parte, la alianza opositora insiste en llamar a sus seguidores a volcarse a las calles para reclamar lo que consideran es su derecho a la democracia, cambiando el destino de los recorridos hacia lugares que les han sido prohibidos luego de los acontecimientos violentos y, por ende, no cuentan con un permiso para manifestar.

Juzgue usted y saque sus propias conclusiones: ¿Quién cumple la Ley y quién la vulnera? ¿Servirán las protestas para solventar la situación actual por la que atraviesa Venezuela?

Reporte1.com

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